Transición democrática en Chile: aspectos generales

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  213 * Profesor de la asignatura Sociología Política. Escuela de Trabajo Social, Universidad ARCIS. T RANSICIÓN   POLÍTICA   A   LA   DEMOCRACIA : LA   INSTALACIÓN   DEL   NUEVO   ORDEN A principios de 1988, un amplio espectro opositor al régimen mi-litar se constituía en la Concertación de Partidos por el NO. El ca-mino al plebiscito, la campaña por la inscripción en los registros electorales, la inscripción legal de algunos partidos políticos opo-sitores (Partido Demócrata Cristiano, el instrumental Partido por la Democracia y el Partido Humanista) fueron el marco que definió ese año que culmina con la derrota de Pinochet el día 5 de octubre. Se iniciaba así la fase decisiva del proceso de transición política a la democracia, el que llegaría a consolidarse con la instalación del primero de los tres gobiernos del conglomerado Concertación de Partidos por la Democracia.¿Cómo fue posible tal recorrido? ¿Cuáles fueron las circunstan-cias y los planeamientos estratégicos que permitieron el éxito del pro-ceso de recuperación democrática? El reconocimiento de procesos his-tóricos en los cuales la apertura de las compuertas de una transición no Carlos Durán Migliardi* Transición y consolidación democrática Aspectos generales  Sujetos sociales y nuevas formas de protesta214 devino en la consolidación de un régimen político democrático estable da sentido a la necesidad de responder a estos interrogantes 1 . Para ello, se dará cuenta de los supuestos que guiaron el com-portamiento estratégico de los actores políticos que protagonizaron el proceso de transición política a la democracia en Chile. Nos centrare-mos en la lógica interna del discurso transitológico encarnado en las ciencias sociales chilenas, en el entendido que este fue dando cuenta a la  vez que configurando exitosamente el nuevo escenario sociopolítico que comienza a abrirse una vez desplazado el protagonismo autoritario.La primera cuestión, entonces, es ¿cómo fue posible, en medio de un contexto autoritario, el inicio del tránsito democrático en Chile? Sobre esto, el dato básico a partir del cual se genera la reflexión transi-tológica es que todo régimen autoritario, constitutivamente, se encuen-tra sumido en un estado de permanente inestabilidad y precariedad. Por ello mismo es que, siendo una de las condiciones básicas para la mantención de un régimen autoritario la generación de prácticas de anulación del espacio público y de la deliberación política, es el mismo régimen autoritario el que, tarde o temprano, reconoce la imposibilidad manifiesta de la mantención eterna de tal condición 2 . Sobre lo dicho, la sociología transitológica ha hurgado en los procesos que se viven al interior de los regímenes autoritarios y que han dado como resultado la generación de instancias de apertura del espacio político. Estos procesos, rotulados bajo el nombre de liberali-zación, son los que en última instancia se constituyen como la condi-ción necesaria de los procesos de transición. Salvo en aquellas situaciones en las cuales los procesos de de-mocratización son el resultado del colapso del régimen autoritario 3 , la 1 Al decir de Adam Przeworski (1995: 63): “Una democracia que se impone por sí misma no es el único desenlace posible de las transiciones, de las situaciones estratégicas que se plan-tean tras la caída de una dictadura. El desmoronamiento de un régimen autoritario puede recomponerse o puede desembocar en una nueva dictadura. Incluso cuando llega a esta-blecerse una democracia, esta no necesariamente se sostendrá por sí sola; las instituciones democráticas pueden generar sistemáticamente resultados que induzcan a algunas fuerzas políticamente importantes a la subversión. En consecuencia, una democracia consolidada es sólo uno de los resultados posibles del derrumbe de los regímenes autoritarios”.2 Existe plena coincidencia, en el marco de la producción sociológica relativa al autorita-rismo, sobre el vínculo (problemático y accidentado) entre autoritarismo y anulación del espacio público. Sobre este tema ver Francisco Delich (1982). En relación al caso chileno, la proyección de un escenario democrático previsto en la Constitución pinochetista de 1980 y el tímido proceso de apertura política generado a partir de 1983 dan clara cuenta de la presencia, en el seno del autoritarismo chileno, de un efectivo reconocimiento de lo imposible que significa perpetuar una situación de dictadura. Y es este reconocimiento el que, a fin de cuentas, permite la eventual posibilidad de la transición.3 Para Latinoamérica, la literatura transitológica suele colocar como ejemplo de transición  por colapso  el caso argentino. Como es conocido, en este país fue una situación gatillada   Carlos Durán Migliardi215 liberalización puede ser entendida como la prehistoria misma de las transiciones. Y es que, al decir de Adam Przeworski, la liberalización “se propone mitigar las tensiones sociales [...] a través de una amplia-ción de la base social del régimen, permitiendo un cierto grado de organización autónoma de la sociedad civil e integrando a los nuevos grupos en las instituciones autoritarias” (1995: 97) 4 .Con la inserción de la categoría de liberalización, la transitología despeja un dilema teórico relevante: si los procesos de transición política a la democracia requieren de la presencia de actores políticos constituidos capaces de establecer vínculos activos con la sociedad civil, estos alcanzan su condición de posibilidad en el marco mismo de un régimen autoritario que, para evitar su colapso, elabora mecanismos de apertura que devienen en la emergencia de espacios autónomos de organización social y política.Los mecanismos de apertura y organización autónoma que emer-gen como resultado de los procesos de liberalización, en consecuencia, y dándose determinadas condiciones, conducen en un mediano plazo a la consolidación de procesos de transición a la democracia 5 . La estrate-gia autoritaria de liberalización, obsérvese, debe fracasar. Notable para-doja entonces: aquello que posibilita el inicio de una transición, aporta precisamente en la medida en que fracasen sus objetivos (relativos a la consolidación del orden autoritario).Resta ahora despejar un segundo interrogante: ¿cuál es la dispo-sición estratégica que deben seguir los actores del campo opositor para hacer posible la conversión del proceso de liberalización en proceso de democratización? La respuesta a esto es clara y directa: así como el au-toritarismo reconoce la imposibilidad de su perpetuación, la oposición política debe reconocer la inviabilidad de la insurrección como fórmula  válida y legítima de superación del autoritarismo.Sobre esta afirmación se debe señalar que, a nivel general, la tran-sitología alude a la existencia de cuatro grandes actores en el escenario político inmediatamente anterior al fin de los regímenes autoritarios. Ellos son: moderados, radicales (ambos pertenecientes al bloque opo- por factores externos (la humillante derrota del ejército argentino en Las Malvinas) la que derrumbó al bloque autoritario en el poder y permitió la puesta en marcha del proceso de reconstrucción democrática. 4 La categoría de liberalización, en la forma en que aquí ha sido planteada, es posible de ser rastreada en O’Donnell y Schmitter (1986).   5 Adam Przeworski elabora una notable argumentación a este respecto. De acuerdo a ella, la liberalización puede conducir a: a) su fracaso y la reactivación de un orden autoritario rígido; b) su éxito y la instauración de una dictadura ampliada; c) su fracaso y la activación de procesos insurreccionales; y d) su fracaso y el inicio de procesos de transición democrá-tica. Como puede observarse, el destino posible de los procesos de liberalización no es cer-tero, y depende de la conducta estratégica de los actores el que estos conduzcan a la salida deseada por la agenda democratizadora. Sobre este tema, ver Przeworski (1995: Cap. II).  Sujetos sociales y nuevas formas de protesta216 sitor), reformadores e intransigentes (ubicados al interior del bloque autoritario en el poder) 6 . En el caso de los actores del bloque opositor, las diferencias giran en torno a sus respectivas definiciones estratégicas: mientras los radica-les optan por una estrategia de ruptura plena con el autoritarismo (ca-mino insurreccional), los moderados reconocen la ineludible necesidad de construir puentes de acercamiento con el régimen autoritario para alcanzar el objetivo democratizador. El bloque autoritario, en tanto, define sus diferencias en relación al lugar que sus actores ocupan en el aparato institucional: mientras el sector intransigente corresponde al “núcleo duro” del régimen (miem-bros de las FF.AA. y los aparatos represivos, por ejemplo), los reforma-dores se ubican en la periferia que opera como base política y social de apoyo al orden autoritario.Dispuestos los actores, resta por indicar cuál es la ecuación que hace  viable un proceso de democratización. Sobre ello, Adam Przeworski indica: La emancipación sólo puede ser fruto de un acuerdo entre reforma-dores y moderados. La emancipación es posible si reformadores y moderados consiguen llegar a un acuerdo para instaurar unas ins-tituciones que permitan una presencia política significativa de las fuerzas que cada uno representa en el sistema democrático; los re-formadores pueden obtener el consenso de los intransigentes o lo-gran neutralizarlos; y los moderados son capaces de controlar a los radicales (Przeworski, 1995: 116). Como es posible observar, la transición democrática será posible en la medida en que moderados y reformadores sean capaces de hegemo-nizar el proceso político, anulando el protagonismo de radicales e in-transigentes. Sólo así, las probabilidades de perpetuación de las formas impolíticas de resolución del dilema autoritario (insurrección o agudi-zación del orden dictatorial) podrán ceder ante la reconfiguración del escenario político-democrático.Este axioma transitológico permite concluir que todo proceso de democratización, por definición, mide su éxito en la capacidad estraté-gica y el grado de racionalidad contenidos en los actores que protago-nizan esta escena.¿Cuáles son las condiciones, entonces, para la óptima articula-ción de aquellos actores (moderados y reformadores) que monopolizan la necesaria racionalidad transicional? El primer elemento a considerar a este respecto corresponde a la generación de un espacio político fun- 6 Seguimos aquí las tipologías desarrolladas por O’Donnell y Schmitter (1986) y por Przeworski (1995).   Carlos Durán Migliardi217 dado en el mutuo reconocimiento entre dichos actores. La transición, así, es posible sí y sólo sí sus protagonistas reconocen lo que eufemísti-camente se denomina la libertad del otro 7 . En los años previos al fin del régimen militar chileno, este im-perativo se tradujo tanto en el reconocimiento de facto de la dictadura como de la oposición política en tanto “interlocutor válido”. De parte del gobierno militar, ello comenzó a verificarse en los momentos en que, tras las jornadas de protesta que inundaron la esce-na pública desde 1983, el en ese entonces ministro del Interior, Sergio Jarpa, aceptó la propuesta episcopal del “diálogo” con la oposición que se aglutinaba en la Alianza Democrática 8 . Ello significaba el reconoci-miento, acertado o no, de que existía una oposición política articulada capaz de ser el interlocutor de el régimen, y que portaba la capacidad de control sobre el ritmo de las movilizaciones antidictatoriales 9 .De parte de la oposición política al régimen militar, el reconoci-miento de la dictadura comenzaba a operar con claridad hacia 1987, momento en el cual se opta finalmente por el ingreso al itinerario ple-biscitario fechado para 1988. El costo de ello era el reconocimiento de la institucionalidad fundada en 1980. De este modo, una institucionalidad sin legitimidad de srcen se convertía, mediando decisiones racionales de los actores políticos, en una institucionalidad legitimada de facto 10 . 7 Sobre la categoría de libertad del otro  y sus implicancias para la configuración de una racionalidad política funcional a los objetivos de una transición política a la democracia,  ver Flisfisch (s/f). 8 La Alianza Democrática se constituyó como un conglomerado político compuesto por miembros de la así llamada oposición moderada. Dentro de sus participantes se incluían desde representantes de grupos de centroderecha hasta dirigentes de diversas orgánicas socialistas vinculados al espacio de la renovación, incluyendo además al Partido Demó-crata Cristiano. El objetivo central de este referente político era producir la regresión del proceso de radicalización del accionar opositor, buscando proyectar una  salida democrá-tica  que impidiera al mismo tiempo la bunkerización del régimen y la insurrección, esta última pregonada por amplios sectores de la izquierda chilena y del accionar de los secto-res populares urbanos.9 El diálogo gobierno-oposición resultó finalmente fracasado. Independiente a la lectura de la apertura como un paso táctico del régimen o como un intento real, lo cierto es que, al momento de dialogar con los sectores opositores, el gobierno optó por los únicos inter-locutores válidos que concebía: los partidos políticos.10 El paso definitivo para la consolidación de la salida político-electoral (participación en el plebiscito establecido por la dictadura) puede fecharse en 1987 cuando, luego del triunfo de la candidatura de P. Aylwin a la dirección del PDC, este partido decide asumir los plazos establecidos por la institucionalidad de 1980. Al respecto, uno de los miembros del equipo de Aylwin que asumió la dirección del PDC en 1987, señala: “Ante la pronta evidencia de que tampoco la ‘Demanda de Chile’ lograría cambiar el escenario político, la Alianza Democrática tuvo que rendirse a la dura realidad de que su aspiración de siem-pre, sacar a Pinochet del poder, no iba a lograrse por el camino de la movilización social rupturista [...] se enunciaban, por primera vez, algunas condiciones básicas que debían
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