La libertad de expresión en la Constitución mexicana

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  La libertad de expresión en la Constitución mexicana
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  La libertad de expresiónen la Constitución mexicana* Miguel C ARBONELL Resumen Miguel Carbonell analiza detalladamente el sentido estricto del artículosexto constitucional que establece la libertad de expresión en México.Cuestiona y argumenta la dirección del mismo a autoridades adminis-trativas y judiciales excluyendo al Poder Legislativo. De forma completadesarrolla las características de la libertad de expresión, sus límites yalcances dentro de la legislación y jurisprudencia mexicana en materiade medios de comunicación, para retomar el caso particular desde laóptica de la experiencia comparada. Finalmente, deja testimonio de lasdiferencias que pudiera tomar el sentido de la libertad de expresión enMéxico si la legislación comprendiera de igual manera al Legislativo. Abstract Miguel Carbonell provides a detailed analysis of a strict interpretation ofarticle six of the Mexican Constitutional that codifies freedom of speechin the country. The author questions and argues the sense of the cons-titutional article in relation to administrative and judicial authorities, ex-cluding the legislative branch of government. Carbonell fully developsthe characteristics of freedom of speech, its limits and scope in Mexicanlegislation and jurisprudence in relation to the media, from the standpointof the comparative experiences in the field. Finally, he explains that thedifferences that the meaning of freedom of speech could acquire inMexico if the country’s legislation on the issue also extended to thelegislative branch. * Este texto forma parte de un estudio más amplio, en curso de realización,sobre los derechos fundamentales en la Constitución mexicana. Derecho Comparado de la Información  número 3, enero-junio de 2004, pp. 3-59.  1. Introducción El artículo 6o. de la Constitución mexicana contiene la li-bertad fundamental de expresión de las ideas en los si-guientes términos: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna in-quisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ata-que a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delitoo perturbe el orden público; el derecho a la información serágarantizado por el Estado. Respecto al texto de este artículo, la primera cuestiónque llama la atención es que parece dirigirse solamentea las autoridades administrativas y judiciales, pero no alas legislativas. Una regulación muy diferente se encuen-tra, por ejemplo, en la Primera Enmienda de la Constitu-ción de los Estados Unidos, que establece que ‘‘El Con-greso no hará ley alguna... que coarte la libertad depalabra o de imprenta...’’. Ahora bien, en virtud de que la libertad de expresiónestá incorporada en varios tratados internacionales de de-rechos humanos que son derecho vigente en México, laobligación de respetarla debe entenderse que se extiendetambién al Poder Legislativo.La libertad de expresión es una de las condiciones deexistencia y de posibilidad de un régimen democrático; enotras palabras, la libertad de expresión es condición ne-cesaria (aunque no suficiente, desde luego) para que sepueda considerar que en un determinado país hay demo-cracia.La posibilidad de que todas las personas participen enlas discusiones públicas es uno de los bienes más pre-ciados para una sociedad, y constituye el presupuesto ne-cesario para la construcción de una ‘‘racionalidad discur- MIGUEL CARBONELL4  siva’’ (Habermas), que permita la generación de consensosy la toma de decisiones entre los componentes de los di-versos grupos sociales, pero que también constituya uncauce para la expresión de los disensos, que en la de-mocracia son tan naturales (y necesarios) como los acuer-dos. La deliberación pública realizada en libertad es unade las características de los modernos regímenes demo-cráticos. 1  En palabras de Ignacio Villaverde, ‘‘en los Esta-dos democráticos, la libre discusión es un componente ju-rídico previo a la toma de una decisión que afecta a lacolectividad, e inexcusable para su legitimación... Sin unadiscusión libre no es posible una realización cabal del Es-tado democrático’’. 2  La libertad de expresión es lo que permite la creaciónde la opinión pública, esencial para darle contenido a va-rios principios del Estado constitucional, como lo son al-gunos derechos fundamentales (por ejemplo el derecho ala información, el derecho de petición o los derechos enmateria de participación política); la existencia de una opi-nión pública libre y robusta también es una condición parael funcionamiento de la democracia representativa. El intercambio de opiniones e informaciones que se ori-gina con la discusión pública contribuye a formar la opiniónpersonal, la cual, al juntarse con las de los demás inte-grantes de la comunidad, conforma la opinión pública, queacaba manifestándose (a través, entre otros, de los cana-les de la democracia representativa) como voluntad  jurí- dica   del Estado. 3 LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN5 1 Al respecto, Elster, Jon (comp.), La democracia deliberativa  , Barcelona,Gedisa, 2000. 2 Villaverde, Ignacio, Estado democrático e información: el derecho a ser informado  , Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 1994, pp. 30 y 31. 3 Ibidem  , p. 18.  Respecto a la institución de la opinión pública, el Tri-bunal Constitucional español ha sostenido en una de susprimeras sentencias que sin una comunicación pública li-bre, quedarían vaciados de contenido real otros derechos que laConstitución consagra, reducidas a formas hueras las institu-ciones representativas y absolutamente falseado el principiode legitimidad democrática... que es la base de toda nuestraordenación jurídico-política (Sentencia 6/1981). En otro pronunciamiento, el mismo Tribunal califica ala opinión pública como una institución política fundamen-tal, ‘‘indisolublemente ligada con el pluralismo político, quees un valor fundamental y un requisito del funcionamientodel Estado democrático (Sentencia 12/1982). El propio Tri-bunal afirma que El principio democrático... presupone... el derecho de los ciu-dadanos a contar con una amplia y adecuada informaciónrespecto de los hechos, que les permita formar sus conviccio-nes y participar en la discusión relativa a los asuntos públicos(Sentencia 159/1986). La Declaración francesa de 1789 recogió la libertad deexpresión, en su artículo 11, con las siguientes palabras: La libre comunicación de los pensamientos y de las opinioneses uno de los derechos más preciados del hombre; todo ciu-dadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremen-te, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad pro-duzca en los casos determinados por la ley. La libertad de expresión tiene como consecuencia laprohibición de toda forma de censura, en un doble sentido:no se puede censurar a los interlocutores en cuanto su- MIGUEL CARBONELL6   jetos dotados de la posibilidad de participar en los debatesde la res publica  , por una parte; y no se puede tampococensurar ----al menos de forma previa---- los contenidos po-sibles de la discusión: en principio, todos los temas sondiscutibles dentro de una democracia.La no censurabilidad de los sujetos tienen un carácterprácticamente universal: nadie puede ser privado de la li-bertad de hablar y expresarse como mejor le parezca; lano censurabilidad de los contenidos, si bien no opera deforma previa, como se acaba de mencionar, sí encuentraalgunas limitaciones; como toda libertad, se debe ejercercon responsabilidad.La libertad de expresión y la prohibición de la censuraprevia no significan que no pueda haber reglas para elejercicio de dicha libertad. Sin embargo, las reglas debenser tales que la libertad siga teniendo sentido; como señalael Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU,‘‘cuando un Estado Parte considera procedente imponerrestricciones al ejercicio de la libertad de expresión, éstasno deberán poner en peligro ese derecho en sí mismo’’. 4 Por ejemplo, no sería inconstitucional una regulación queestableciera el nivel máximo de decibeles que puede tenerun concierto en un parque; pero sí lo sería si se prohibieraa quienes profesan una cierta religión reunirse en ese mis-mo parque para hablar sobre sus creencias. 5 También sería inconstitucional que una agencia del go-bierno estableciera mecanismos calificadores de las pu-blicaciones para efectos distintos a los de la protecciónde la infancia; por ejemplo, si la clasificación tuviera por LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN7 4 Observación General número 10, 19º periodo de sesiones, 1983, párrafo4; consultable en Carbonell, Pérez Portilla y Moguel (comps.), Derecho interna- cional de los derechos humanos. Textos básicos  , México, CNDH, Porrúa, 2002,p. 269. 5 El ejemplo está tomado de Smolla, Rodney A., Free speech in an open society  , Nueva York, Alfred A. Knopf, 1992, p. 43.
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