Foro Economia Propia

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   Propuesta de Proyecto FORO ECONOMÍA PROPIA  Denominación: Comunidades beneficiarias: JUSTIFICACIÓN La tierra, para las comunidades indígenas es un vínculo con los antepasados que nos une y genera vida, los indígenas tenemos muy claro que si se cuida y preserva la naturaleza, ella será benevolente y proveerá lo necesario para vivir. Según el exdirector de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultu ra (FAO); Jacques Diouf: “La tierra es, ha sido y será un activo económico esencial en las sociedades rurales, pero su valor monetario no es el único ni el más importante para muchos millones de personas. Para los pueblos indígenas es la base de su identidad, es su casa y la de sus antepasados, su farmacia, su lugar de trabajo y de ocio. En la mayoría de las sociedades la tierra significa poder, estatus, pertenencia a una clase social y para muchas mujeres es la base de su autonomía. La tierra significa, en definitiva, pertenencia a un lugar, a una cultura. Por eso, cuando hablamos de hombres y mujeres sin tierra, hablamos de personas sin pasado, sin presente y sin futuro” (Groppo & Cerenini, 2012)  Si bien hace falta información oficial sobre la calidad de las tierras de los indígenas, un análisis señala que de 31,2 millones de hectáreas tituladas hasta 2007, el 79% estaban Desarrollo de un foro sobre procesos productivos indígenas en la Amazonia Colombiana Comunidades indígenas de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés que llevan a cabo actividades productivas propias  en la Amazonia y Orinoquia, áreas forestales no aptas para la producción agropecuaria; cerca de un millón de hectáreas corresponden a páramos, desiertos y áreas de protección forestal y tres millones más de hectáreas en zonas de traslape con parques nacionales. Según el estudio, los indígenas solo tendrían 3,12 millones de hectáreas aptas para labores agropecuarias. (Vásquez y Eusse, 2007) La información que se posee es muy escasa pero nos alcanza a mostrar un panorama negativo de lo que está sucediendo en los territorios, por ejemplo, gran parte de la Amazonia Colombiana está siendo utilizada para la minería ilegal, en el país, afirma la Contraloría, el 80 % de la minería se lleva a cabo de forma ilegal y en su mayoría esto sucede en lugares donde hay una pobre o nula presencia del Estado, debido a esta actividad hay deforestación y exterminio de los animales de caza que hacen parte de la dieta de las comunidades indígenas. De acuerdo a información suministrada por Catastro y Registro Minero para el año 2013, en la Amazonia había cerca de 140 títulos vigentes que cubren un área aproximada de 100.000 hectáreas la mayoría dedicada a la extracción de oro y coltán. Ahora bien, la ganadería extensiva según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) está devorando los ecosistemas estratégicos por la quema de grandes extensiones de tierra para la siembra de pastizales en la Amazonia Colombiana, en el país cerca de 14 millones de hectáreas es utilizada para la ganadería, y en algunos casos los departamentos no tienen ningún porcentaje de tierras aptas para ella pero aun así las utilizan, como es el caso de Vaupés y Guainía con cerca de 5.500 hectáreas dedicadas a esta actividad cada uno. La ganadería también propicia la deforestación ya que representa casi el 60% de las áreas deforestadas a nivel nacional, teniendo a la Amazonia como el lugar con más hectáreas deforestadas para introducir pastizales para ganado con un total de 278. 111 hectáreas para el año 2005. A lo largo de estos procesos de destrucción de la riqueza de la selva colombiana, se generan externalidades negativas, tales como el daño al medio ambiente que no solo trae consecuencias para la población indígena. La política de búsqueda de seguridad inversionista y extracción de recursos naturales implica la proliferación de concesiones mineras, megaproyectos de infraestructura, ampliación de la frontera agrícola para los  monocultivos industriales y legalización de procesos de expropiación violenta cometidos por los grupos armados. Más del 80% de nuestros territorios han sido dados en concesión, sin consulta previa, para la implementación de proyectos económicos. En septiembre de 2009, el Estado colombiano resolvió que los resguardos coloniales, con más de 190 años de existencia, no existen (ONIC, 2010).Con la expedición del Código de Minas vigente, mediante la Ley 685 de 2001, se dio impulso a la explotación minera en los territorios indígenas, y se inició el desmonte de las regulaciones positivas previstas en el Código Minero anterior (Decreto-Ley 2655 de 1988). Además de esto, existe en las comunidades indígenas de la Amazonia Colombiana otra problemática que ha sido poco estudiada y dimensionada, como es el abandono de las prácticas productivas propias como la chagra, la caza, la pesca, la recolección de frutos silvestres, la artesanía, entre otras, en cambio de esto, el indígena decide emplearse en labores que lo alejan de su cultura tales como la construcción, participar en actividades de extracción minera, cuidado de terrenos en manos de particulares y todo esto debido a la falta de proyectos productivos concertados que ayuden a solventar las necesidades que hoy en día enfrentan las comunidades indígenas. Los diferentes procesos colonizadores y ahora por último el conflicto armado, han generado desplazamiento, el cual se ha incrementado de manera exponencial durante los años 2005 a 2010 de manera preocupante, en comparación con el resto de la población. Según cifras de Acción Social, entre 2006 y 2007 el desplazamiento total de la población creció en un 23,1% (ONU, 2010). Esta situación destruye los modos de vida ancestrales, estructuras sociales y productivas, lenguas e identidad, lo que pone en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas. Colombia cuenta con 1,37 millones de habitantes indígenas, de los cuales según el PNUD el 47,6 % de las comunidades indígenas del país están por debajo de la línea de la miseria, es decir, no cuentan con el ingreso mínimo vital para poder sobrevivir, mientras que el 63% está sumido en la pobreza estructural. El futuro de los pueblos se encuentra en gran peligro como lo podemos ver a través de los datos de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), más del 70% de los niños y las niñas indígenas en Colombia sufren de desnutrición crónica. Cuya población menor de 15 años de  edad representa el 40 % de la población indígena total. La tasa de muerte por cada mil habitantes es superior a la media nacional (61 contra 41). El peligro de extinción de los pueblos indígenas es un llamado al Estado colombiano y a la sociedad en general a luchar contra la pobreza de estos pueblos y a generar bienestar para las presentes y futuras generaciones. La responsabilidad por lo que viven actualmente los pueblos indígenas, consideramos que la sociedad dominante o la sociedad mayoritaria, tiene que asumir su parte, el Estado colombiano tal vez nos ha reconocido algunos derechos sobre nuestros territorios, conocimientos y saberes ancestrales, en nuestra forma de concebir, comprender y morir, pero no es suficiente, no puede ser que por una parte promueva la protección de nuestra cultura y nuestras vidas, pero por otra, este creando y permitiendo políticas que nos afecten y nos extermina como cultura distinta a la de la sociedad dominante. Se debe buscar en definitiva una política de entendimiento y abandono de la ignorancia hacia el indígena, para construir una sociedad que proteja a las distintas culturas y no una política variable que dependa de cada cambio de presidente del Estado colombiano y según su Plan de Desarrollo Nacional, modifique y nos quite nuestras selvas, ríos y montañas sagradas, que el único pecado en su interior es contener minerales preciosos, que para el occidente significa riquezas pero para nosotros significa vida. Para el (ICBF) Instituto Colombiano de Biene star Familiar (2009) “existe la necesidad de contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, especialmente en las poblaciones que se perciban con necesidades básicas insatisfechas como la población indígena y afrodescendiente, y que su atención diferencial se enmarca dentro de los principios fundamentales del actuar del ICBF” (Rivas Abadía, Pazos, Castillo Castillo , & Pachón, 2010) , para la FAO (1996) “Existe seguridad alimentaria y nutricional cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”.
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