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    LA POLITICA Y EL ESTADO Los seres humanos somos seres eminentemente sociales. Para sobrevivir y desarrollarnos como tales requerimos la cooperación y el apoyo de los demás seres humanos, pues de lo contrario nuestros avances serían muy restringidos. Esto quiere decir que no sólo somos personas individuales con una identidad que nos hace únicas e irrepetibles, sino también personas que pertenecemos a un grupo y formamos parte de la sociedad. Haciendo un paréntesis, creo que lo de irrepetibles probablemente tengamos que replantearlo dentro de algún tiempo según como evolucione este asunto de la clonación. Volviendo a donde estaba, cuando hablo de sociedad me refiero a las diversas agrupaciones de seres humanos que nos juntamos para la satisfacción tanto de nuestras necesidades primarias (comer, vestir, reproducirnos como especie) como de nuestras necesidades más complejas relacionadas con nuestra realización y perfeccionamiento individual y social. Las diferentes formas en que nos relacionamos los seres humanos entre nosotros mismos y con nuestro mundo físico requieren cierto orden, cierto tipo de organización que nos ayude a regularnos y oriente nuestros sentimientos y nuestras diversas formas de pensar hacia la coexistencia de actitudes distintas. Desde el punto de vista político esta regulación implica una negociación de intereses entre la sociedad civil y el Estado, pues aunque el Estado es el símbolo de la unidad del pueblo y sus principales funciones son preservar la libertad y la fraternidad, fomentar la justicia, mantener el orden interno y atender la defensa contra el exterior, el Estado actúa también en nombre propio y procura consolidar su soberanía identificándose con la sociedad cuyos destinos rige. Al Estado generalmente se le define como la sociedad civil jurídica y políticamente organizada . Dicho casi al revés pero con el mismo sentido, el Estado consiste en la institucionalización jurídica y política de la sociedad. Y hablando de nuestro querido país, se supone que tenemos un Estado Social de Derecho, entendido como la democracia que no sólo se contenta con rechazar cualquier tipo de dictadura, es decir, que no se contenta sólo con el Estado de Derecho , sino que añade la palabra Social para indicar que asume el conflicto interno buscando el equilibrio entre política y economía y entre libre empresa y justicia social. Pero en este momento ese Estado existe sólo como proceso, como algo que se está construyendo y que deberá convertirse en nuestro máximo ideal político, para poder alcanzar al menos tres de los grandes propósitos por los cuales estamos trabajando: la profundización de la democracia, la implantación de la justicia social y el sometimiento de todas las personas a la ley, dirigiendo las acciones políticas siempre en función de la gente más débil de la sociedad. El Estado Social de Derecho propone un sistema democrático, entendida la democracia en dos sentidos que se relacionan armónica y recíprocamente: la democracia política, como el método voluntario y participativo con el que designamos a la gente que nos va  a gobernar (las elecciones); y democracia social, como la aplicación del principio de equidad en todos los actos que impliquen a la sociedad (políticas estatales). La democracia participativa incluye normas de democracia directa que nos permiten a las ciudadanas y ciudadanos tomar parte en decisiones de interés general, por medio de mecanismos como el referendo y la consulta popular. Estos mecanismos nos otorgan cierto estatus social y jurídico y nos convierten en ciudadanas y ciudadanos con derechos y deberes frente a la nación, frente a la sociedad y frente nosotras y nosotros mismos. 4.  Instrumentos de ética parlamentaria   A. Los códigos de ética o de conducta   Se afirma con razón que en la actualidad hay un fenómeno de juridización de la ética pública, pues ante el crecimiento de la corrupción en los ámbitos de la vida pública, se recurren a crear oficinas de ética y sancionar códigos de ética los cuales dotan a las normas propias del ámbito de la moral, la fuerza obligatoria y coercible que caracteriza a las normas jurídicas. Lo anterior es la respuesta al reclamo social de mayor transparencia y honestidad en la actividad pública, ya que se desea reforzar la eficacia de las normas morales, otorgándoles el carácter de normas jurídicas para permitir que una autoridad imponga su cumplimiento o sancione jurídicamente su inobservancia. Como han señalado varios estudiosos del tema, el propósito de los códigos de ética es definir una serie de reglas de conducta que aclaren las eventuales dudas que el parlamentario pueda tener sobre la procedencia o no de una conducta desde el punto de vista moral, ya que la moral profesional es diferente a la privada. Por eso, la ética parlamentaria trata de sentar los parámetros adecuados para la decisión, y los códigos señalan los valores fundamentales del servicio y regulan los procedimientos para resolver los conflictos de intereses que ocurren en el ámbito legislativo, así como para sancionar los actos de los legisladores contrarios a los valores morales. Debido a que ya no existe una concepción generalizada de los valores, es necesario definir claramente lo que está permitido y lo que no lo está, las conductas que son necesarias y aquéllas que deben evitarse; esto lo realizan los códigos de conducta al determinar las normas que deben cumplirse por todos y que pueda sancionarse su inobservancia. Además, como advierte Rodríguez Arana, las normas escritas permiten conocer con mayor objetividad los criterios de actuación de los funcionarios; proporcionan un importante mecanismo para la resolución de controversias; impiden o dificultan la corrupción en cualquiera de sus diferentes modalidades; pueden servir al funcionario para rechazar formalmente determinadas propuestas; permite exigir responsabilidades a los servidores públicos por sus actos; y hacen que aumente la confianza de los ciudadanos hacia aquellos que realizan estas medidas.  Los códigos de ética existen en varios países como Estados Unidos de América, Canadá, y en general en los países anglosajones que han desarrollado una ética gubernamental. Indica Ramírez Altamirano que en el caso de los Estados Unidos de América, los ordenamientos se caracterizan por lo casuístico y detallado de los asuntos regulados, por la dureza de sus sanciones (generalmente de carácter económico) y en el control de los funcionarios obligados, el cual se lleva a cabo normalmente a través de comisiones de ética que funcionan en cada congreso; además se busca prevenir y controlar los conflictos de intereses, así como vigilar el patrimonio de los representantes y funcionarios por medio de las declaraciones de bienes. En el caso de Latinoamérica, los códigos de este tipo son escasos, y las pocas reglas de ética parlamentaria se encuentran en las Constituciones, en las leyes orgánicas o en los reglamentos de los órganos representativos. A nivel internacional, diversos organismos han recomendado la existencia de este tipo de códigos. En Europa, el 11 de mayo de 2000 el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobaba la recomendación NR (2000) 10, dirigida a los Estados miembros, respecto a Códigos de conducta para los agentes públicos , además proponía un código modelo. Lo anterior se acentúa en el legislador o parlamentario, ya que tiene una delicada responsabilidad, pues al ser electo deja de ser un ente partidario para convertirse en un alto funcionario de la nación, adquiere el compromiso de actuar en todo conforme a los intereses públicos y bajo un régimen de honestidad. La actuación del parlamentario debe realizarse con base en criterios de probidad pública, lo que implica moralidad, ética y rectitud en el obrar. Si bien, la sola existencia de dichos códigos no implica por sí misma evitar actos de corrupción, tienen importancia como medidas preventivas. Como denota Ferreira Rubio, la sola imposición de reglas y controles no puede subsanar en su totalidad los efectos de la ausencia de un consenso ético básico, sin embargo, la juridización de dichos deberes funciona como paliativa a la carencia de ese consenso. Cuando existe un consenso ético básico en la sociedad, continúa la autora mencionada, ni siquiera es necesario formular por escrito los principios fundamentales de actuación, pues éstos son claros en el campo de los valores aceptado; pero cuando ese consenso ético desaparece, es necesario desarrollar en detalle dichas normas. Al respecto, un estudio realizado entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE en español o OECD) buscó determinar cuáles eran esos principios, dicho estudio encontró que los ocho principios básicos de ética pública más mencionados por los estándares de conducta de los países de dicha organización son: imparcialidad, legalidad, integridad, transparencia y eficiencia, igualdad y responsabilidad, justicia. Además de establecer las normas básicas para el desempeño de la función pública, los códigos de conducta deben establecer también los mecanismos y la aplicación de sanciones para los transgresores; y garantizar que efectivamente se apliquen.  Así pues, en el combate a la corrupción los códigos de ética o de conducta son una herramienta esencial, recomendada incluso por los organismos internacionales. Estos códigos han sido adoptados por muchos países, pero todavía hay muchos que carecen de un ordenamiento de este tipo.
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