Corte Suprema Rol 21.027-2019

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  1 Santiago, siete de octubre de dos mil diecinueve.  Vistos: De la sentencia en alzada se elimina su fundamento tercero. Y teniendo en su lugar y, además, presente:Primero: Recurso de protección.  Se ha interpuesto acción de cautela de garantías constitucionales, en representación de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, ASEMUCH y de Marvy Navarrete Jaque, en contra del Tribunal Constitucional, denunciando como acto ilegal y arbitrario la sentencia pronunciada por dicho Tribunal en la causa Rol 3853-17-INA, con fecha 6 de diciembre de 2018, la cual se afirma que vulnera la garantía fundamental de igualdad ante la ley, prevista en el en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.Explica la actora que la sentencia antes referida acogió el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que incide en decisión de la materia sometida a la justicia especial del trabajo, consistente en una demanda de tutela laboral deducida por Marvy Navarrete Jaque ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, en contra de la I. Municipalidad de esa comuna. Refiere que, en la causa laboral, se dictó un fallo que acogió la WXSQMTEVKH  demanda, condenando a la demandada al pago de una suma de dinero por concepto de las indemnizaciones reclamadas. Se dedujo recurso de nulidad en su contra por la demandada, el que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Con posterioridad el ente edilicio presentó recurso de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema, asignándosele el ingreso Rol 37.905-2017. En tales condiciones, la Municipalidad dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485 del Código del Trabajo ante el Tribunal Constitucional, el cual fue acogido a través de la sentencia denunciada como acto ilegal y arbitrario, declarando que tales normas resultan inaplicables en la causa de unificación de jurisprudencia que conoce la Corte Suprema.Expresa el actor que la sentencia desconoce el estatuto especial de protección de los derechos fundamentales en el ámbito laboral de la demandante, en su calidad de funcionaria pública e inhibe a la Corte Suprema para seguir conociendo del recurso que le fuera presentado, vulnerando el derecho de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución Política y excediendo la atribución normativa que habilita al Tribunal Constitucional para ejercer sus competencias al resolver la cuestión de constitucionalidad que se le formulara. 2 WXSQMTEVKH  Segundo: Objeto de la acción de amparo constitucional. Para el adecuado análisis de las materias propuestas en el arbitrio, se debe precisar que, si bien en virtud de las facultades conservadoras esta Corte Suprema se encuentra habilitada para adoptar todas las medidas que estime conducentes para otorgar la debida protección a quienes han visto amagados sus derechos constitucionales previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo cierto es que no se puede perder de vista que esta acción constituye una medida de tutela de derechos consagrada para dar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufran las personas en el ejercicio de los mismos, producto de una acción u omisión ilegal y arbitraria, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho o garantía amagada. Tercero: Sentencia recurrida.  El fallo de primer grado rechazó la acción fundado en que el artículo 94 de la Constitución Política establece la improcedencia de recursos en contra de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional. Asimismo sustenta la decisión en la autonomía del referido órgano constitucional, cuestión que impediría la revisión de lo resuelto a través de la sentencia impugnada, toda vez que, a su juicio, aquello afectaría su autonomía e independencia. 3 WXSQMTEVKH  Agrega, además, que los actores carecen de derechos indubitados, pues lo pretendido es que se emita un pronunciamiento sobre la materia que fue objeto del requerimiento, opinión que para el caso de ser discrepante, debiera prevalecer por sobre lo resuelto en su sentencia por el Tribunal Constitucional. De resolverse la materia como lo pretende el recurrente –señalan los jueces de la Corte de Apelaciones– daría lugar a que, eventualmente, debería pronunciarse como tribunal de segunda instancia esta Corte Suprema, de manera tal que revisaría lo actuado por un órgano que está expresamente excluido de su superintendencia correccional y económica, según lo manda el artículo 82 de la Constitución Política. Cuarto: Ponderación general de la sentencia recurrida. Los razonamientos expuestos por la Corte de Apelaciones son equivocados, constatándose que subyace en ellos una errada concepción respecto de la naturaleza de la presente acción constitucional como asimismo una incomprensión de aquello planteado en el recurso. En efecto, como se señaló, la presente vía constituye una acción de cautela de derechos fundamentales, pues busca dar amparo judicial efectivo y oportuno a quienes ven vulneradas sus garantías constitucionales producto de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarios. Lo anterior es relevante, toda vez que el presente 4 WXSQMTEVKH
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