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  En virtud de ello, en tales supuestos “las autoridades deberán adaptar las disposiciones de la presente ley a las concretas necesidades y particularidades que presente la situación de vulnerabilidad cuya solución sea requerida, adecuando, entre otras, las normas sobre legitimación, plazos y demás formalidades”.   Además, se dispone que tales personas “gozaran de asistencia y asesoramiento jurídico e interdisciplinario gratuitos” 6. ámbito de aplicación del régimen de procedimiento administrativo: la función administrativa Con relación a ello debe recordarse que el régimen de procedimiento administrativo resulta aplicable cuando estamos en presencia del ejercicio de la función administrativa. Sobre la base de tal premisa, precisamos seguidamente cuando estamos en presencia de tal especie de función estatal. 6.1 la actividad administrativa en el marco de la división de poderes Como sabemos, nuestro país adopta un sistema republicano de gobierno (art. 1 CN) combinado con un modelo de carácter federal, lo que le imprime características propias que no pueden ser desconocidas a la hora de analizar el régimen de la administración pública. Pues, como lo ha dicho la corte suprema federal, nuestra ley fundamental declara la unidad de los argentinos en torno del ideal republicano, pero se trata de una unidad particular: es la unidad en la diversidad, diversidad proveniente, precisamente, del ideal federalista abrazado con parejo fervor que el republicano. Dicho modelo de gobierno se caracteriza por consagrar la división y control del poder estatal, de modo tal que mediante un sistema de frenos y contrapesos las instituciones políticas se limitan entre sí, ya sea repartiendo las funciones estatales como distribuyendo territorialmente el poder. Sin embargo, debe quedar en claro que ese reparto de competencias entre los diversos estamentos de gobierno no se presenta en todos los estados de la misma manera, sino que cada país le imprime sus particularidades propias. Así, por ejemplo en Francia, a diferencia de otros países como la republica argentina, el poder judicial no tiene independencia ya que se halla sumido a la autoridad del presidente. En tal sentido, el artículo 64 dispone que “el presidente de la república es el garante de la independencia de la autoridad judicial ”.  Tal circunstancia, hace que no puedan trasplantarse, sin el cuidado necesario, instituciones de otros modelos constitucionales y en donde tienen lugar otras idiosincrasias. 6.2. La finalidad de la división de poderes También, resulta interesante indagar acerca del fin que persigue la consagración de la división de poderes. Esto es: ¿se trata de una herramienta a favor del estado para lograr mayor especialidad o eficiencia? La respuesta que cabe darle a este interrogante es que la división de poderes es un sistema destinado a la protección de derechos individuales, al permitir el control entre los diversos estamentos que componen el gobierno. 6.3. La división de poderes en la republica argentina  Como lo ha destacado GELLI de acuerdo al diseño constitucional, en la republica argentina la distribución del poder se verifica en tres niveles bien marcados. El primero, reparte las funciones estatales entre los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. El segundo, distribuye el poder de manera territorial entre el estado federal, las provincial y desde 1994, la ciudad autónoma de buenos aires y los municipios. Por último, se divide el poder en constituido y contribuyente. Veamos, brevemente, los principales lineamientos de las diversas modalidades mencionadas. 6.3.1. Poder constituyente y constituido Cuando hacemos referencia al poder constituyente, debemos tener presente que este puede ser srcinario o derivado, es decir, su ejercicio tiene lugar en la etapa fundacional de un estado para dictar la ley fundamental o se lo implementa para reformar la constitución, mediante un sistema rígido o blando. Puesto que, según se ha dicho, el poder constituyente se ejercita tanto cuando el pueblo se constituye srcinariamente como cuando mediante los órganos que determina la constitución modifica su texto. 6.3.2. El federalismo Por otra parte, nuestro texto constitucional distribuye el poder de manera territorial entre el estado federal, las provincias y desde 1994, la ciudad autónoma de buenos aires y los municipios. De esta manera, el federalismo se compone de muchos estados miembros organizando una dualidad de poderes. Por un lado, el estado nacional y, por el otro, los gobiernos locales como unidades políticas que lo conforman. De este modo, las provincias, conforman estados independientes que conservan su poder con la sola excepción de aquella porción que han delegado en el estado federal, tal como lo estipula el artículo 121 de la CN y lo ha ratificado la  jurisprudencia. Además, se integran en esta constelación de poder los municipios que tienen su autonomía reconocida en el artículo 123 de la CN y por la jurisprudencia de la corte suprema. En tal sentido, ha dicho el alto tribunal que dicha cláusula constitucional no confiare a los municipios el poder de reglar las materias que le son propias sin sujeción a límite alguno, sino que les reconoce autonomía en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero e impone a las provincias la obligación de asegurarla, pero deja librado a la reglamentación que estas realicen la determinación de su “alcance y contenido”.  Dicho reparto de poder permite, a su vez, la convivencia no siempre pacifica de diferentes órdenes normativos caracterizados por la descentralización gubernativa federal, provincial y municipalidad y un entramado orden de competencias. Sin embargo, es importante hacer notar que el enfoque y tratamiento de los diversos niveles de responsabilidad nacional y local no debe hacerse desde un punto de vista estático y con el solo objeto de delimitar las responsabilidades de cada esfera de gobierno. Por el contrario, la dinámica de la realidad de los nuevos tiempos y la importancia de los derechos fundamentales en juego impone, por un lado, un trabajo coordinado entre las diversas administraciones y la consiguiente construcción de estructura organizativas y presupuestarias que permiten satisfacer las demandas de la sociedad y la protección de los derechos fundamentales.  Esta circunstancia tiene directa incidencia en lo relativo al procedimiento administrativo, dado que cada uno de esas esferas (nación, provincias, ciudad autónoma de buenos aires y municipios) tiene la atribución y competencia para la regulación del procedimiento administrativo. 6.3.3 la división de funciones Por último, se dividen las funciones estatales entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Como lo dice MONTES DE OCA, nuestro régimen de división de poderes “se encuentra establecido en una forma racional: la independencia no es absoluta. Hay sí, tres grandes departamentos de gobierno, por ello se coordinan, se equilibran y la constitución señala reglas generales, demarcando la órbita de cada uno”.  A partir de ello, debemos dejar aclarado que en este apartado solo nos referiremos a esta dimensión, es decir, al reparto del poder en diferentes estamentos. Cabe recordar, que lo que se divide no es el poder, que sigue siendo un solo, sino las funciones que corresponden a cada uno de los departamentos del gobierno. Esta idea del constituyente de 1853/60 quedo plasmada de manera prístina cuando en un artículo 29 de la CN se estableció que “el congreso no puede conceder al ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetaran a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”, o en la consagración expresa en 1994 de prohibiciones como las previstas en los artículos 76, 99 inciso 3 y 109 que luego analizaremos. Por tal motivo, cada una de las esferas estatales tiene asignada una competencia propia y otras que realizan conjuntamente que permiten un control mutuo mediante un sistema de pesos y contrapesos. En tal sentido, se ha dicho que “es sabido que la doctrina de la división de los poderes o la separación de funciones no implica que cada uno de los órganos del poder pueda ejecutar únicamente actividades materialmente administrativas, legislativas o judiciales. Es que esas actividades son consecuencias del ejercicio mismo del poder, que nuestro sistema legal le reconoce a los tres órganos en sus determinados ámbitos de competencia. Sin embargo cada uno de los órganos puede ejercer sus atribuciones dentro del estricto marco de la función específica”.   Se trata en palabras de la corte suprema de “un procedimiento de ordenación del poder de la autoridad, que busca el equilibrio y armonía de las fuerzas mediante una serie de frenos y contrapesos, sin que por ello deje de existir entre ellas una coordinació n”.   En el caso de nuestra carta magna federal, se “establece un reparto de competencias y establece medios de control y fiscalización, por lo que se busca afianzar el sistema republicano de gobierno y no concentrar en cada uno un ámbito cerrado de potestades librado a su plena discreción: así, el poder ejecutivo no puede alterar el espíritu de las leyes dictadas por el congreso, pero si tiene facultades reglamentarias sobre ellas, participa junto a los miembros de aquel de la facultad de presentar y proyecto de ley y puede vetar los que el congreso apruebe. Los jueces deben aplicar las leyes que el legislador establece, pero es función esencial suya el control de su  constitucionalidad en orden al respeto de los derechos contenidos en la constitución nacional y la  jerarquía y extensión de los diversos campos normativos que ella establece”.  6.4 criterios Desde la doctrina y la jurisprudencia se han ensayado diversos criterios para determinar cuando estamos en presencia de una determinación función estatal. Así, a través de la utilización de un criterio orgánico debe tenerse en cuenta el sujeto del que emana la decisión cuya naturaleza se pretende dilucidar. Esto es que estaremos frente a la función jurisdiccional si la actividad es realizada por el poder judicial, ante función legislativa si es emitida por el congreso y frente a función administrativa si es producto de una medida del poder ejecutivo. Partiendo desde un enfoque de tipo formal, en cambio, se toma en consideración la apariencia externa que adopta la medida. Si se patentiza en una sentencia estaremos frente a una función  judicial si se trata de una ley debe considerarse una función legislativa y si se muestra como un acto administrativo es una función administrativa. Desde una perspectiva material, por último, se ha indicado que no resulta relevante para la determinación de cuando estamos en presencia de la función administrativa indagar el poder del que emana sino más bien analizar su sustrato o contenido. Es importante tener en cuenta que este último criterio es el que se ha impuesto entre los diversos operadores jurídicos. Sin embargo, ello no debe llevarnos a la conclusión que cada uno de los poderes desarrolla exclusivamente la actividad propia de su función. Asi, el poder ejecutivo además de llevar adelante la función administrativa que tiene a su cargo, ejerce función legislativa cuando dicta aunque excepcionalmente los derechos delegados y los de necesidad y urgencia. Incluso, para algunos, tal como veremos luego, desarrolla actividad  jurisdiccional a través de los denominados tribunales administrativos. En lo concerniente al poder legislativo, amén de las facultades de dictar normal abstractas de carácter general, ejerce función administrativa cuando, por ejemplo, realiza procedimiento licitatorios para seleccionar a un contratista o designa personal y para cierta doctrina, desempeña actividad jurisdiccional en los casos de juicio político”.  En similar orden de ideas, podemos expresarnos con relación al poder judicial. Junto con la actividad jurisdiccional que le es propia lleva adelante actividad administrativa (celebra contratos, aplica sanciones, contrata y designa personal, etc.) y puede dictar normas generales y abstractas (acordadas), aunque acotadas a su ámbito de aplicación no siempre respetado. 6.5 la función administrativa Como hemos visto, para la determinación de las funciones estatales se ha impuesto un criterio material, es decir, que resulta preciso analizar el sustrato de la conducta para establecer su naturaleza. Ello, nos permite llegar, a la conclusión de que existe función administrativa en los tres poderes estatales: ejecutivo, legislativo y judicial, tal como lo ha reconocido la doctrina mayoritaria tanto nacional como extranjera, la jurisprudencia e incluso algunos ordenamientos provinciales.
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