Comentarios sobre la descriminalización de las relaciones sexuales consentidas con adolescentes. Apuntes a la STC Exp. N° 008-2012-PI/TC

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  A   CTUALIDAD CONSTITUCIONAL 212 INTRODUCCIÓN Después de una intensa jornada de recolección de rmas; 10 609 ciudadanos (más del doble requerido por la ley y la Constitución), encabezados por Ana Victoria Suárez, pre - sentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 3 del artículo 173 del Código Penal (modicado por el artículo 1 de la Ley N° 28704). En la demanda se expli - có que la norma impugnada “criminalizaba” 1  las relaciones sexuales libres y consentidas de los adolescentes, lo que tenía diversos efectos perniciosos para la salud sexual y el libre desarrollo de miles de jóvenes y adolescentes. El caso fue litigado por la abogada Yolanda Tito Puca, y contó con el importante respaldo de organizaciones ju - veniles de ocho regiones del país (Áncash, Ayacucho,  Arequipa, Lambayeque, Lima, Loreto, Tumbes y Ucayali) quienes hicieron una gran tarea en difundir la importancia del caso y en recolectar rmas. Consideramos importan - te destacar todo esto pues, a diferencia de lo que podría parecer luego de verse lo difundido por los medios de co - municación, no se trató de una reivindicación iniciada por colectivos feministas, ni se pensaba encontrar con la feroz resistencia de los sectores conservadores que vienen cri - ticando la sentencia. La demanda debe entenderse, ante todo, como una iniciativa ciudadana que contó con el en - tusiasmo y adhesión de diversos sectores.En este contexto, y habiendo seguido de cerca esta ges - ta, consideramos pertinente explicar brevemente qué es lo que se pidió en la demanda, cuál era la nalidad de acudir al Tribunal Constitucional, qué es lo que resolvió este Co - legiado, para, nalmente, contestar a algunas supuestas “críticas” realizadas a la sentencia del Colegiado (que en realidad revelan gran desconocimiento sobre los alcances de la decisión del Colegiado y lo que permanece vigente en el ordenamiento penal). I. EL CONTENIDO DE LA DEMANDA La demanda buscaba que se elimine la interpretación del artículo 173, inciso 3 del Código Penal que permitía casti - gar las relaciones sexuales consentidas con adolescentes a través de la emisión de una “sentencia interpretativa”, para que con ello se mantenga vigente el agravante de hasta 30 años para las relaciones en las que no exista consentimiento (violaciones sexuales).  Al respecto, tenemos que la disposición cuestionada se - ñalaba lo siguiente: “Artículo 173.- El que tiene acceso carnal por vía vagi - nal, anal o bucal o realiza otros actos análogos intro - duciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será repri - mido con las siguientes penas privativas de libertad:  (…)  3. Si la víctima tiene entre catorce años de edad y me - nos de dieciocho, la pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años”.En la demanda se sostuvo que si bien es razonable casti - gar severamente la violación sexual contra adolescentes entre 14 y 18 años, era inconstitucional castigar las re - laciones consentidas, pues ello lesionaba diversos dere - chos. Al respecto, se señaló que existían cuando menos dos interpretaciones posibles: Interpretación 1: “serán sancionadas con penas entre 25 a 30 años toda relación carnal con adolescentes en - tre 14 y 18 años”. Interpretación 2: “serán sancionadas con penas en - tre 25 a 30 años toda relación carnal con adolescen - tes entre 14 y 18 años   siempre que no haya habido consentimiento”. Al respecto, en atención a la afectación que la Interpre - tación 1 generaba en los derechos fundamentales de los adolescentes (y de sus parejas), se planteó que solo la In - terpretación 2 era conforme a la Constitución. Esto se sus - tentaba en que: (1) los adolescentes son titulares plenos de sus derechos fundamentales y que ello no debería re - lativizarse; (2) la norma afectaba claramente sus derechos al libre desenvolvimiento de la personalidad (en especial los derechos sexuales), a la igualdad y no discriminación, al acceso a información, a la salud sexual y los derechos reproductivos; (3) se contravenía la protección preferente     C    O    M    E    N    T    A    R    I    O Comentarios sobre la descriminalización de las relaciones sexuales consentidas con adolescentes  Apuntes a la STC Exp. N° 0008-2012-PI/TC Juan Manuel SOSA SACIO* * Graduado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Ponticia Universidad Católica del Perú. Miembro de “Constitucionalismo Crítico”. Fue parte del equipo jurídico que litigó la demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 3 del artículo 173 del Código Penal.1 Usaremos la expresión “criminalizar” o “castigar” a efectos de abarcar tanto la “penalización” de los adultos que tenían relaciones sexuales consentidas con adolescentes, como la persecución y sanción para los adolescentes que incurrían en “infracciones” por tener relaciones consentidas con sus coetáneos. En ambos casos, bien visto, las personas eran perseguidas o afectadas como criminales.  ACTUALIDAD JURÍDICA ENERO Nº 230 213  JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL COMENTADA del interés superior de los niños y adolescentes; y (4) era contrario a los principios de lesividad, proporcionalidad y nalidad de las penas, así como al carácter subsidiario del Derecho Penal. Además, se sostuvo en la demanda que esta era una bue - na oportunidad para que el Colegiado Constitucional de - clare un “estado de cosas inconstitucional” (es decir, que conrme la existencia de una situación estructural contra - ria a los derechos generada por el Estado y que debe ser reparada institucionalmente), atendiendo a las restriccio - nes que en materia de acceso a la salud sexual y repro - ductiva sufrían los adolescentes y sus parejas debido a la existencia de la norma penal cuestionada. II. ¿POR QUÉ ACUDIR AL TRIBUNAL CONSTITU-CIONAL? En algún momento se ha puesto sobre el tapete el asunto de por qué demandar la inconstitucionalidad de la norma penal cuando esta no se aplica a los adolescentes; asimis - mo, se ha señalado que una sentencia del Tribunal Cons - titucional sería innecesaria, pues ya existen pronuncia - mientos vinculantes de las Salas Penales Supremas que prohíben la sanción penal para quienes tengan relaciones sexuales consentidas con adolescentes.  Al respecto, es necesario precisar que si bien es cierto que el Código Penal no se aplica directamente a menores, ello no signica que la existencia de la norma penal declarada inconstitucional no afectaba grave y directamente sus vi - das. Efectivamente: (1) A pesar de que la norma penal no se aplica de modo directo a los adolescentes, el Código de los Niños y  Adolescentes 2  prescribe que los menores que come - tan actos considerados delitos son infractores, y esto implica que puedan ser llevados como última ratio a centros juveniles de rehabilitación (correccionales, que es el caso del establecimiento conocido como “Maran - guita”). Si bien en sentido estricto a ellos no se les apli - ca sanciones penales ni son llevados a cárceles de adultos, las medidas y procesos que se les aplica son prácticamente equivalentes; siendo así, considerar que la norma no tenía consecuencias en los adoles - centes porque el Código Penal no se les aplica direc - tamente, y que por ello era innecesario un pronuncia - miento del Tribunal Constitucional, termina siendo una leguleyada.(2) La existencia de la norma penal obligaba al personal de salud a no brindar información sobre salud sexual a adolescentes (pues estas relaciones eran conside-radas delictivas) 3 ; además, las adolescentes emba - razadas que iban a sus controles de natalidad o que daban a luz eran interrogadas sobre quién era el padre a efectos de denunciarlos, pues toda relación sexual con adolescentes era considerada delictiva y las auto - ridades de salud estaban obligadas a denunciar. Con esto, lo que ocurría es que los adolescentes no podían acceder a información sobre salud sexual (por ejemplo sobre el contagio por ITS o VIH/Sida) ni sobre embara - zo temprano o planicación familiar; asimismo, las jó - venes embarazadas no querían atenderse en los cen - tros de salud por temor a represalias contra los padres de sus hijos, haciendo diciel además que estos se ha - gan cargo de su paternidad.(3) Existen varios casos en los que, pese a lo ordenado por el Poder Judicial a través de jurisprudencia vincu- lante (sus tres acuerdos plenarios), existen adoles - centes recluidos en centros de menores y jóvenes en prisión por haber tenido relaciones sexuales con sus parejas adolescentes; así también, diversos casos en los que existía investigación scal (aunque no sen - tencia), lo cual evidenciaba que, pese a existir diver  - sos acuerdos plenarios del Poder Judicial, el problema de fondo seguía siendo que la disposición penal con - tinuaba vigente y había operadores que la aplicaban mecánicamente.Señalado esto, es necesario explicar qué es lo que ha - bía avanzado ya la Corte Suprema y cómo es que el Tri - bunal Constitucional nalmente sí va más allá. Como se sabe, el Poder Judicial cuenta hasta con tres “Acuerdos Plenarios” referidos a la criminalización de las relacio - nes sexuales con adolescentes (inciso 3 del artículo 173 del Código Penal), aprobados por las Salas Penales de la Corte Suprema (Poder Judicial) como doctrina jurispru - dencial vinculante: Acuerdo Plenario N° 7-2007/CJ-116,  Acuerdo Plenario Nº 4-2008/CJ-116 y Acuerdo Plenario N° 01-2012/CJ-116.En estos acuerdos –entre otras consideraciones de carác - ter meramente legal y de coherencia sistemática– el Po - der Judicial reconoce la libertad sexual de los adolescen - tes y considera que sus relaciones sexuales, cuando son consentidas, no deben acarrear consecuencias penales. Si bien esto señalaban las Salas Penales de la Corte Su - prema, sus acuerdos no tienen la fuerza jurídica ni inter  - pretativa con que sí cuentan las sentencias de inconsti - tucionalidad del Tribunal Constitucional. Efectivamente, entre los efectos distintos y superiores de la sentencia del Colegiado Constitucional (STC Exp. N° 0008-2012-PI/TC), a efectos del caso analizado, tenemos:(1) La sentencia del Tribunal eliminó la norma del orde - namiento, lo que va mucho más allá de los efectos que producen los acuerdos plenarios (que vinculan 2 Código de los Niños y Adolescentes   “Artículo IV.- ( ) En caso de infracción a la ley penal, el niño será sujeto de medidas de protección y el adolescente de medidas socioeducativas”. El Código de los Niños y Adolescentes prevé un procesamiento análogo al del ámbito penal. La norma prevé varias medidas socioeducativas, la medida de internamiento –que es una de ellas– está prevista formalmente como última ratio. 3 Código Penal  “Artículo 25.- El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor. A los que, de cualquier otro modo, hubieran dolosamente prestado asistencia se les disminuirá prudencialmente la pena”.  A   CTUALIDAD CONSTITUCIONAL 214 básicamente a los jueces penales). La sentencia del Tribunal Constitucional es, además, obligatoria para scales, jueces de familia (que son quienes atienden los casos en que se ven involucrados adolescentes), el sistema de salud pública; las autoridades, servido - res y funcionarios públicos encargados de programas sociales, etc. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional, a diferencia de los acuerdos plenarios, permite al Estado brindar ahora atención adecuada so - bre el control de la natalidad, la salud sexual, el emba - razo temprano, etc.(2) La sentencia del Tribunal permite que cesen los proce - sos penales o de familia que se hayan iniciado contra quienes tuvieron relaciones sexuales consentidas con adolescentes. Además, también permite que las conde - nas vigentes en aquellos casos en los que haya existi - do consentimiento queden sin efecto, y que se revisen aquellos casos en los que exista duda sobre si las rela - ciones sexuales se practicaron con consentimiento o no.(3) La sentencia del Tribunal se basa en criterios constitu - cionales (y no principalmente legales) y su interpreta - ción dota de un contenido calicado a los derechos de los adolescentes (debido a que el Tribunal es el princi - pal intérprete de la Constitución). De este modo, a par  - tir de la sentencia del Tribunal Constitucional es un he - cho jurídicamente cierto que los adolescentes tienen un derecho fundamental a su libertad sexual. III. LO QUE RESOLVIÓ EL TRIBUNAL CONSTITU-CIONAL El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda (STC Exp. N° 0008-2012-PI/TC), expulsando del ordena - miento jurídico el inciso 3 del artículo 173 del Código Pe - nal. Al respecto, la sentencia declaró inconstitucional todo el inciso 3 del artículo 173 y no solo la interpretación que sancionaba a las relaciones sexuales consentidas con adolescentes (como se solicitó en la demanda). Esto tuvo dos consecuencias principales: primero, que dejen de es - tar criminalizadas las relaciones consentidas entre y con adolescentes; segundo, que deje de existir la pena agra - vada para quienes violen a adolescentes entre 14 a 18 años (lo cual no fue pedido por los demandantes). Justa - mente a efectos de evitar esto último es que los deman - dantes plantearon al Tribunal la posibilidad de que se emi - ta una sentencia interpretativa (reductora). Ahora bien, en su sentencia el Tribunal explicó que debía expulsar toda la disposición del ordenamiento (y no solo una interpretación de este) pues consideraba que lo con - trario atentaría contra el “principio de legalidad penal”, que exige que las normas penales tengan certeza en su regu - lación (lo que no ocurría si se mantenía la vigencia de una norma, pero con un contenido interpretado); y porque con - sideraba que la emisión de una sentencia interpretativa hubiera implicado cierta invasión de competencias, seña - lando que una decisión de ese tipo “desplazaría al legisla - dor como órgano competente en la formulación de la polí - tica criminal del Estado”.Respecto al tema de fondo la sentencia reconoce expre - samente que los adolescentes son titulares del derecho a la libertad sexual, que es un componente del derecho al li - bre desarrollo de la personalidad, explicando que este de - recho se veía afectado por la exagerada (desproporciona - da) regulación penal. De otra parte, el Tribunal consideró que no quedó compro - bado que se afectaran los derechos a la salud sexual y ac - ceso a la información de los adolescentes (no obstante el material probatorio que se entregó con la demanda, en es - crito posteriores, y los adicionales facilitados por amicus curiae  y otros colaboradores del caso). Además, conside - ró que, habiendo ya constatado que la norma era inconsti - tucional por afectar la libertad sexual de los adolescentes, era innecesario pronunciarse sobre la afectación del dere - cho a la igualdad.Finalmente, además de expulsar a la norma cuestionada del ordenamiento jurídico, en su parte resolutoria la sen - tencia precisó que no genera derechos de excarcelación para los procesados o condenados por violencia, agresión o abuso sexual (con lo cual, solo procedería la excarce - lación para los casos en que las relaciones sexuales pro - ducidas con consentimiento fehaciente y expreso de los adolescentes). Además exhorta al Congreso para que le - gisle correctamente (de forma sistemática y atendiendo a la gravedad del delito) todos aquellos casos que lesionen derechos fundamentales de menores de edad, en el mar  - co de los delitos de violación de la libertad sexual. Ahora bien, independientemente de que en términos ge - nerales estemos de acuerdo con lo resuelto por el Tribu - nal, hay tres cuestiones que nos parece que vale la pena criticar o cuestionar. Un primer asunto es que el Colegiado Constitucional no reconociera que se afectaban los derechos a la salud y a la información de los y las adolescentes. Al respecto, el Tribunal sostuvo que debido a que la norma penal no se aplica a los adolescentes, y porque esta no impide a los menores acercarse a centros de salud a solicitar infor  - mación o atención, no encontró ninguna afectación. Por nuestra parte, quedamos muy sorprendidos de que, pese a que en los actuados abunda información sobre como los adolescentes (o sus parejas jóvenes mayores de 18 años) son perseguidos (sea por la vía penal o por cometer una “infracción”) y sobre cómo los establecimientos de salud sí terminan preguntando a las adolescentes sobre los pa - dres de sus hijos al momento de atender sus embarazos (conforme al artículo 30 de la Ley General de Salud) 4 , el Tribunal nalmente no se haya pronunciado sobre tan im - portante asunto. 4 Ley General de Salud  “Artículo 30.- El médico que brinda atención médica a una persona por herida de arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que cons - tituya delito perseguible de ocio o cuando existan indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente”. Si bien la norma no se reere directamente a la violación de niños (que es lo que regula el artículo 173 del Código Penal), al Tribunal le fueron entregados diversos reportes que daba cuenta de las denuncias que sí realizaban los centros de salud en esos casos.  ACTUALIDAD JURÍDICA ENERO Nº 230 215  JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL COMENTADA Otro asunto cuestionable es que se retrocede en el con - tenido del derecho al libre desarrollo de la personalidad que había reconocido el Tribunal Constitucional. En efec - to, el Colegiado ya antes había señalado acertadamente que la libertad general de acción o libre desenvolvimiento de la personalidad es una libertad para hacer todo lo que uno quiera, siempre que no haya una prohibición constitu - cional de por medio; siendo así, no se trata de una libertad encaminada a ningún n (como la realización personal, el perfeccionamiento humano, la felicidad o bienestar, etc.) e incluso puede tratarse de una libertad que nos pueda hacer daño (como ocurre con la decisión de fumar) 5 . No obstante ello, en esta ocasión el Colegiado, a contramarcha de lo avanzado, sostiene que esta liber  - tad no ampara “constitucionalmente cual - quier clase de facultades o potestades que el ordenamiento pudiera haber reconoci - do o establecido a favor del ser humano”, sino solo aquellas “que sean consustancia - les a la estructuración y realización de la vida privada y social de una persona”. En otras palabras, el Tribunal nos dice en qué sentido debe utilizarse una libertad que se encuentra garantizada en la Constitución, lo que constituye una práctica perfeccionista que debe considerarse prohibida en todo Estado Constitucional 6 .Un tercer asunto se reere a la negativa del Tribunal Cons - titucional de emitir una sentencia interpretativa. Si bien es cierto que el principio de legalidad penal y la deferencia a las competencias del legislador democrático pueden im - poner límites para el Colegiado Constitucional, en este caso creemos que el tema no fue tan bien tratado. Prime - ro, porque el asunto excedía a la aplicación del Derecho Penal, pues la ecacia de la norma repercutía, por ejem - plo, en jueces de familia y centros de salud (en los que el principio de legalidad penal no tiene la misma rigidez). Se - gundo, porque en materia penal ya existían los acuerdos plenarios que sí recortaban el ámbito de aplicación de la norma para los jueces penales, por ende, no era en este espacio en el que iba a incidir principalmente la decisión del Tribunal, si no que su labor en materia penal era más bien complementaria (por ejemplo, para los casos en trá - mite o los ya resueltos injustamente) 7 . Con todo, lo bueno es que, pese a los riesgos de derogar todo la disposición (y abrogar con ello el agravante), el Tribunal nalmente re - solvió conforme a los mandatos de la Constitución y decla - ró la inconstitucionalidad demandada. IV. RESPONDIENDO A LAS CRÍTICAS: LA SEN-TENCIA NO DESPROTEGE A LOS ADOLES-CENTES Finalmente, consideramos necesario referirnos a al - gunas críticas que se han realizado contra la sentencia del Tribunal Constitucional. Varias de ellas reejan poco conocimiento sobre lo resuelto por el Colegiado, sobre los efectos de sus sentencias y sobre lo que sigue sien - do sancionado gravemente por nuestro ordenamiento pe - nal vigente. Al respecto, se ha señalado que la descriminalización de las relaciones entre o con adolescentes favorece que ellos sean violados o agredidos sexualmente, que los adultos los engañen para que accedan a tener relaciones sexua - les, que promueve la “trata de personas” y la prostitución i nfantil, que favorece de alguna forma la pedolia, etc. Como veremos seguidamen - te, todas estas son armaciones falsas, pues se tratan de conductas que siguen siendo castigadas por el Código Penal.Para empezar, es necesario precisar que la sentencia del Tribunal Constitucional bus - ca que se respete la libertad de los y las adolescentes, es decir, protege su pleno consentimiento en caso decidan tener re - laciones sexuales. Obviamente, no puede sostenerse lo contrario: que la sentencia más bien permite o promueve que libertad sexual de los adolescentes sea lesionada o torcida a través de engaños, intimidación o violencia di - recta. En este mismo sentido, el propio Tribunal Constitu - cional ha recordado de modo expreso que existen diver  - sas normas penales que protegen al grupo etario entre 14 y 18 años en caso de que se quiebre su autonomía al de - cidir tener relaciones sexuales. Por nuestra parte, nosotros vamos a ir más allá de lo sos - tenido por el Colegiado, y recordaremos que:(1) El delito de violación sigue vigente en el país: cualquier forzamiento (con violencia o amenaza) que sufra un adolescente para tener una relación sexual sigue sien - do un delito. Es más, si la violación sexual ocurre como consecuencia de una posición de ventaja (como pue - de ocurrir con un profesor o empleador) o vínculo fami - liar (como puede ocurrir con un mal padre o padrastro) existe un agravante previsto en la ley (artículo 170 del Código Penal).(2) Si en vez de usar amenaza o violencia, el o la adoles - cente es más bien engañado, nuestro ordenamiento  jurídico prevé también el delito de seducción. De esta forma, toda promesa u ofrecimiento falso, ngimiento y demás que logren que un adolescente acceda a tener relaciones es considerado también un delito (artículo 175 del Código Penal). Así, es claro que los adolescentes siguen estando pro - tegidos frente a violaciones o posibles engaños con el propósito de tener relaciones sexuales con ellos. La sentencia no cambia esta regulación ni le resta ecacia. 5 STC Exp. N° 00032-2010-PI/TC.6 Cfr. nuestro “Derechos constitucionales no enumerados y derecho al libre desarrollo de la personalidad”. En: Derechos constitucionales no escritos reconocidos por el Tribunal Constitucional  . Luis Sáenz Dávalos (coordinador). Gaceta Jurídica, Lima, 2009, p. 138 y ss.7 Además, como es sabido, el Tribunal Constitucional ha emitido sentencias interpretativas al analizar normas penales. Cfr. la conocida STC Exp. N° 0010-2002-AI/TC. “ [L]as críticas realizadas por los sectores conservadores con respecto a que la descriminaliza-ción de las relaciones [sexuales] desprotege a los adolescentes son falsas o surgen del desco-nocimiento, siendo claro, no se promueven ninguno de estos atroces delitos.  A   CTUALIDAD CONSTITUCIONAL 216  Pero eso no es todo. El Código Penal tiene un capítulo dedicado especícamente a la explotación sexual, y en este se hace alusión expresa al castigo agravado que reciben quienes se aprovechen y exploten sexualmen - te a los y las adolescentes entre 14 y 18 años. Tam - bién desarrolla de modo expreso la trata de personas. En efecto:(3) El Código Penal sanciona a quien “promueve o favore - ce la prostitución de otra persona” (artículo 179 del Có - digo Penal), a quien “explota la ganancia obtenida por una persona que ejerce la prostitución” (artículo 180) y a quien “compromete, seduce, o sustrae a una perso - na para entregarla a otro con el objeto de tener acceso carnal” (artículo 181), jando un agravante si la víctima tiene entre 14 y 18 años. (4) La norma penal castiga expresamente la trata de per  - sonas “con nes de explotación, venta de niños, para que ejerza la prostitución, someterlo a esclavitud se - xual u otras formas de explotación sexual” (artículo 153), siendo una gura agravada el que se trate de adolescentes de entre 14 y 18 años (artículo 153-A, numeral 4).(5) Es más, hay dos tipos penales que buscan prote - ger directamente a los adolescentes del referido ran - go etario. Estas normas sancionan al cliente-usua - rio: “mediante una prestación económica o ventaja de cualquier naturaleza tiene acceso carnal por vía vagi - nal, anal o bucal o realiza otros actos análogos intro - duciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías con una persona de catorce y me - nor de dieciocho años, será reprimido con pena priva - tiva de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años” (artículo 179-A); y a quien “promueve, publicita, favorece o facilita la explotación sexual comercial en el ámbito del turismo, a través de cualquier medio escri - to, folleto, impreso, visual, audible, electrónico, magné - tico o a través de Internet, con el objeto de ofrecer rela - ciones sexuales de carácter comercial de personas de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años de edad” (artículo 181-A, “Explotación sexual comercial infantil y adolescente en ámbito del turismo”). En este marco, armar que con la sentencia existe car  - ta blanca para la explotación sexual de menores (trata de personas, prostitución infantil, turismo sexual infan - til, etc.) revela un grave desconocimiento del ordena - miento penal o, peor aún, pretende adrede inducir a error o confusión. Con respecto a la pedolia, ocurre algo similar. La pe - dolia es entendida médicamente como la atracción sexual de adultos hacia impúberes, lo que excluye a la etapa superior de la adolescencia (es decir, la pu- bertad, adolescencia de entre 14 a 18 años). En este contexto:(6) En nuestro ordenamiento penal la pedolia (agresión sexual a niños y niñas de hasta 14 años) sí está crimi - nalizada con sanciones gravísimas y sin que se admi - ta ningún benecio penitenciario (artículo 173, incisos 1 y 2 del Código Penal). Valga precisar que la protección diferenciada de niños y púberes es prácticamente una constante en las legis - laciones comparadas, considerándose que la indemni - dad sexual (edad en la que se castiga penalmente todo tipo de relación sexual con niños) se encuentra en el rango de entre 12 y 14 años hacia abajo, y sobre es - tas edades se reconoce la existencia de libertad sexual (por ende, no se castigan las relaciones sexuales con - sentidas). Desde luego, no es que los países busquen desproteger a sus adolescentes, promover la promis - cuidad ni las agresiones sexuales con ese tipo de re - gulaciones. Lo que sucede es que los países recono - cen que en los seres humanos existe un periodo que merece ser protegido con la indemnidad sexual (preci - samente las etapas anteriores a la pubertad), pero otro en el que la sexualidad despierta y se reconoce cierta autonomía sexual, que debe ser educada y acompaña - da (y no criminalizada) con la nalidad de formar ciu - dadanos responsables, que puedan hacerse cargo de esa libertad. Con todo lo anotado, es evidente que las críticas rea - lizadas por los sectores conservadores con respecto a que la descriminalización de las relaciones desprotege a los adolescentes son falsas o surgen del desconoci- miento, siendo claro, no se promueven ninguno de es - tos atroces delitos. CONSIDERACIONES FINALES La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 0008-2012-PI/TC no solo se pronuncia a favor de los derechos de los adolescentes y sus parejas (en espe - cial, el “derecho al libre desarrollo de la personalidad” y su manifestación “libertad sexual”), sino que en la práctica ayuda a resolver problemas de salud pública que venían ocurriendo, en especial con respecto al acceso a la infor- mación sobre salud sexual y reproductiva para los jóve - nes, y a la atención médica en caso de embarazos adoles - centes (aunque el Tribunal optó por no pronunciarse sobre este importante asunto). Ahora bien, existen algunas críticas que desde un punto de vista técnico puede realizarse a la sentencia (por ejem - plo, respecto a los alcances del derecho al libre desenvol - vimiento de la personalidad o por no emitir una sentencia interpretativa), pero sin duda el saldo nal es positivo, en la medida que se ha solucionado un tema de la máxima importancia. Ahora bien, la sentencia ha generado diversas críticas proveniente de sectores conservadores, en especial estos arman que la sentencia en realidad desprotege a los ado - lescentes ante la lascivia de los adultos y la posibilidad de que sean explotados sexualmente. Nosotros compartimos el mismo terror ante esa posibilidad, y sin duda estamos del mismo lado en querer combatir toda forma de agresión sexual, en especial de los menores de edad. Pero resul - ta que el ordenamiento penal actualmente mantiene pe -nas graves para los casos de violación, seducción, trata de persona, prostitución infantil, pedolia, etc., conductas todas estas que siguen estando castigadas por el Código Penal luego de que el Tribunal emitiera su sentencia.
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